Debe proporcionarse tratamiento gratuito contra el VIH y tuberculosis (TB) a los trabajadores de salud que lo necesiten, facilitando la prestación de estos servicios en un entorno no estigmatizador, sensible al género, confidencial y conveniente cuando no haya clínica de atención del personal y/o cuando la dependencia donde trabaja el funcionario no ofrezca TAR o cuando el trabajador prefiera tratarse en otra dependencia.